Diez ideas impopulares


  1. La corrupción no siempre es la causa del mal funcionamiento del Estado. Muchas veces es una consecuencia de problemas más profundos: la falta de capacidades estatales, de talento humano para desempeñar tareas complejas y de programas y proyectos viables. 
  2. La corrupción revela también problemas culturales de fondo. No es sólo una enfermedad de la clase política, puede ser también un síntoma de falencias de la sociedad. "Está decepcionado de los políticos, espere que conozca los votantes", dijo alguna vez un congresista estadounidense. 
  3. Las leyes basadas en la desconfianza, por ejemplo, aquellas que presumen que todos los mandatarios locales son corruptos, muchas veces terminan aumentando la corrupción. Transmiten la idea de que nos enfrentamos a un fenómeno generalizado y por lo tanto excusable. Si  se supone de entrada que alguien es corrupto, sus incentivos para actuar honestamente pueden verse disminuidos. 
  4. La concentración de poder es sinónimo de corrupción sin importar que tan bien intencionados sean sus detentores: en la Corte Constitucional, en los medios de comunicación o en los organismos de control.
  5. El código penal no es una buena herramienta para combatir la corrupción. El populismo punitivo es una forma perjudicial pero eficaz de demagogia.
  6. Si una persona no ha sido vencida en juicio no deberían esposarla. La detención preventiva debe reducirse al mínimo. Tiene que ser la excepción, no la regla.
  7. El crecimiento del Estado viene acompañado en la mayoría de los casos de un crecimiento de la corrupción.
  8. Las democracias mediatizadas del siglo XXI prometen más de lo que pueden cumplir. Muchos de nuestros contratos sociales son incoherentes, incumplibles.
  9. La Constitución de 1991 llevó a una excesiva judicialización de la sociedad. Hizo que la mayoría de los conflictos sociales se entendieran como conflictos de derechos. Una sociedad de abogados no necesariamente complementa una sociedad de buenos ciudadanos. Puede sustituirla.
  10. La lucha por los derechos sociales es eminentemente política. En Colombia, esta lucha (necesaria) se ha judicializado en exceso. Con consecuencias nocivas para la democracia y la política social.

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